Almunia: si España no cumple el objetivo de déficit "lo va a pasar muy mal"

13.06.11 | 13:34 h.  Informativos Telecinco / Agencias

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia ha advertido que si España no cumple el objetivo de déficit de este año, "lo va a pasar muy mal". Joaquín Almunia ha afirmado que el Gobierno español "está cumpliendo", pero debe presentar unos Presupuestos que permitan generar confianza.

 

Joaquín Almunia asegura que si España no cumple el objetivo de déficit "lo va a pasar muy mal". Foto: Gtres.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha advertido hoy a España de que si no cumple el objetivo de déficit de este año, "lo va a pasar muy mal" porque no va a tener posibilidades de financiar su crecimiento.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Almunia indicó que el Gobierno español debe también presentar unos Presupuestos para 2012 que permitan generar confianza en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Así, Almunia señaló que el Gobierno central "está cumpliendo, incluso más que cumpliendo" con su objetivo de reducción del déficit, pero no está tan claro en el caso de las comunidades autónomas. "La gran interrogante son las comunidades autónomas, prácticamente todas están iniciando su ciclo y tienen que plantearse muy seriamente el cumplimiento de los objetivos de déficit", subrayó.

Para Almunia, cuando las economías no son capaces de crecer ni de generar riqueza "no se puede engañar a los ciudadanos diciendo que se debe gastar más", por ello defendió la recomendación de la Comisión Europea de la semana pasada, que aconsejó a España bajar las cotizaciones sociales y subir otros impuestos como el IVA.

BRUSELAS NO IMPONE

Según el comisario, la recomendación de Bruselas fue un "análisis extremadamente educado y prudente". "Bruselas no impone, trata de ayudar", reiteró.

Por último, defendió la ampliación de la edad de jubilación en Europa, dado que la esperanza de vida se ha incrementado y que la mayoría de los europeos trabajan en el sector servicios y, por tanto, realizan un trabajo que no les exige gran esfuerzo físico.

Crecen las multas de los radares móviles desde la limitación de los 110 Km/h

Las multas de velocidad captadas a través de los radares móviles de la Guardia Civil han aumentado un desde el primer mes que entró en vigor los 110 km/h, a diferencia de las multas impuestas por los radares fijos que, según la DGT, han caído durante los primeros meses de la medida.

Entre enero y febrero de este año se han cursado un total de 118.916 denuncias por los radares móviles, y entre marzo (mes en el que entró en vigor el nuevo límite de velocidad) y abril se cursaron un total de 138.382 multas, lo que implica un aumento de más del 16 por ciento respecto a los dos meses anteriores, según el boletín estadístico de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Este aumento contrasta con la cifra que ofreció la DGT sobre las multas impuestas por los radares fijos. Tráfico afirmó en abril que en marzo las multas de velocidad habían caído un 47 por ciento en comparación con la media de las detectadas en las tres semanas precedentes. El subsecretario del Ministerio de Interior, Justo Zambrana, ha subrayado que las multas llevan "disminuyendo" desde que se impuso la medida y solo han comenzado a aumentar, un 8 por ciento, la última semana de mayo.

Esto no ha ocurrido, sin embargo, en el caso de las multas impuestas por los agentes de la Guardia Civil, que utilizan radares móviles. En marzo se cursaron 72.813 multas captadas por radar, un 7,6 por ciento más que las que se habían cursado en febrero, cuando el límite en autovía y autopista era todavía de 120 kilómetros por hora. De esas denuncias cursadas se llegaron a notificar 40.996 multas, un 3,7 por ciento más que en febrero.

En el mes de abril se cursaron un total de 65.569 multas captadas por los radares móviles de la Guardia Civil, un 9,9 por ciento menos que el primer mes en el que funcionó el nuevo límite de velocidad y un 3 por ciento menos que en febrero, pero hasta un 27,8 por ciento más que en enero, cuando aún estaba vigente el límite a 120 km/h en autovía y autopistas.

En el comparativo anual, respecto a 2010, las multas de velocidad cursadas por la Guardia Civil cayeron en marzo un 2,8 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior y en abril cayeron un 8,2 por ciento. No obstante, en enero y febrero, cuando aún estaba vigente el límite de 120 km/h las multas habían caído aún más comparado con los mismos meses del año pasado, un 6,2 por ciento en febrero y un 14,3 por ciento en enero.

En el conjunto de multas de tráfico, la Guardia Civil impuso en marzo un total de 211.326 multas, un 9,5 por ciento más que en febrero, antes de que se implementara la medida diseñada por el Gobierno para ahorrar gasolina. En abril se impusieron 183.510 multas de tráfico por parte de la agrupación, menos que en marzo y febrero, pero hasta un 39,2 por ciento menos que enero.

Al igual que ocurre con las multas de velocidad, en comparación con el año anterior, las denuncias de la Guardia Civil cayeron en marzo comparado con el mismo mes del año anterior un 9,6 por ciento y en abril un 16,2 por ciento, menos de lo que habían caído en enero (un 25,7%) y en febrero (un 9,4%).

La prima de riesgo española alcanza su valor más elevado desde enero

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes ha superado los 260 puntos básicos, con un interés del 5,533 por ciento y ha marcado así su valor más elevado desde el mes de enero. El resto de países de la periferia de la zona euro también han registrado subidas, en especial Grecia y Portugal.

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes iniciaba la semana por encima de los 260 puntos básicos, marcando así su valor más elevado desde principios del mes de enero.

En concreto, la prima de riesgo de la deuda española con vencimiento a diez años se situaba en 260,9 puntos básicos, con un interés del 5,533%, frente a los 256,1 puntos básicos en los que cerró el viernes, según los datos del mercado secundario recopilados por Europa Press.

La subida registrada por el diferencial español se repetía en el resto de los países de la periferia de la zona euro, en especial en el caso de Grecia, donde la prima de riesgo alcanzaba los 1.441 puntos básicos, con una rentabilidad del 17,211%, en comparación con los 1.413 enteros de la sesión anterior.

Por su parte, el diferencial de la deuda portuguesa volvía a marca un nuevo máximo al subir desde los 778 puntos básicos hasta los 783 puntos básicos, con una rentabilidad del 10,691%.

En esta línea, la prima de riesgo de Italia pasaba desde los 187 puntos básicos hasta los 188 enteros, con un interés del 4,802%, mientras que el diferencial de los bonos irlandeses aumentaba desde los 847 puntos básicos hasta los 852 puntos básicos, con un interés del 11,38%.

La rebaja del periodo máximo de renegociación de convenios entrará en vigor el domingo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-Ley de reforma de la negociación colectiva, que contempla nuevas medidas laborales entre las que destacan la rebaja del periodo máximo de la renegociación de los convenios tras el fin de su vigencia, antes de acudir al arbitraje, en una horquilla de entre 8 y 14 meses.

De esta manera, a partir de mañana, el plazo de 8 meses se aplicará para los convenios de hasta dos años y el 14 de meses para los de más de dos años, tal y como explicó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los plazos barajados hasta la fecha por el Gobierno a la hora de elaborar la reforma habían sido primero de 20 meses y después de entre 12 y 18 meses. El ministro de Trabajo ha explicado que estos cambio es fruto de las consultas "rápidas" realizadas en los últimos dos días con los agentes sociales y ha dicho que los plazos definitivos son "un tiempo razonable".

La reforma establece que debe realizarse un preaviso de denuncia del convenio tres meses antes de finalizar su vigencia. Desde ese momento, se da un plazo de un mes para que se inicie la negociación de un nuevo convenio. Los plazos máximos de 8 y 14 meses para negociar contarán desde el final de la vigencia de los convenios.

En caso de que no haya acuerdo entre las partes transcurrido ese tiempo, la reforma establece un periodo transitorio en el que se obliga a las partes a recurrir a un arbitraje, a la espera de que sindicatos y patronal sellen acuerdos interconfederales por los que establezcan a qué mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos acudir. Así pues, antes o después del estos acuerdos interconfederales, existirá esa mediación en caso de conflicto.

La reforma también atiende a las demandas de los empresarios al establecer mecanismos de flexibilidad para modificar las condiciones de trabajo (descuelgues salariales o modificaciones en los tiempos de trabajo, por ejemplo) de forma pactada y mejorar así su adaptación al ciclo económico. Para ello, hace prevalecer en estos casos el convenio de empresa sobre el de sector provincial.

En el caso de los descuelgues salariales, Gómez explicó que la norma "objetiviza" más las causas que pueden motivar un descuelgue salarial, como por ejemplo por "disminución persistente de ingresos", y también establece mayores exigencias a la hora de acreditar estas circunstancias.

Asimismo, el ministro de Trabajo recalcó que la reforma establece con carácter general que el empresario podrá disponer, si no hay acuerdo en contra, del 5% de la jornada laboral anual de los trabajadores para distribuirla de forma irregular, algo que ya está funcionando bien, según dijo, en sectores como el del automóvil.

En el caso de la negociación entre las partes de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o de descuelgues salariales, Gómez señaló que los plazos máximos de negociación son de "días o como mucho de dos semanas" antes de que, en caso de no haber acuerdo, el conflicto pase a la comisión paritaria y en última instancia a los instrumentos de resolución extrajudicial.

En cuanto a otra de las demandas de los empresarios, la reforma de las mutuas y el mayor control del absentismo, Gómez admitió que existía un acuerdo "prácticamente escrito" sobre estas cuestiones antes del fin de las negociaciones, y ha señalado que el Gobierno "no tendrá dificultad" para que "buena parte de esas medidas" se puedan incorporar durante el trámite parlamentario de la reforma, aunque no forman parte estrictamente de la negociación colectiva.

Gómez exige a Telefónica preparar la norma que pague su ERE en los próximos días

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que la nueva regulación para que las empresas que, como Telefónica, tengan beneficios y presenten un expediente de regulación de empleo se hagan cargo del coste social del mismo, "tiene que estar preparada pronto, en los próximos días".

La iniciativa establece que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen un ERE que afecte a trabajadores mayores de 50 años, efectúen una aportación económica para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.

 "Queremos ultimar la negociación y la conformación de la legislación que permita que ese tipo de situaciones se produzcan, porque no basta con el deseo de la compañía", dijo en alusión a Telefónica, que ya ha expresado su compromiso de costear los 450 millones de euros en gasto por desempleo que supondrá el ERE que afectará 6.500 trabajadores en tres años, después de haber cerrado 2010 con 10.167 millones de beneficios, un 31% más que el año anterior.

La intención del Gobierno es que la ley esté lista para cuando Telefónica presente formalmente su compromiso de contribuir al gasto del sistema, ya que, de momento, "el Ministerio de Trabajo no ha recibido expediente alguno" por parte de la compañía presidida por César Alierta, en tanto que aún no ha finalizado la fase de consulta y negociación con las organizaciones sindicales.

Según recordó el ministro de Trabajo, la enmienda plantea además una contribución de las empresas a los gastos derivados por los expedientes de regulación en función de su tamaño, su volumen de beneficios o el tamaño de la plantilla afectada. "Esa contribución no tiene por qué ser siempre la misma", añadió.

Por último, Gómez ha señalado que el hecho de que Telefónica asuma los costes sociales del ERE "es bueno porque se estará reduciendo el tamaño del nuestro déficit público" y porque se estará sentando un "precedente".

"Se trata de 450 millones de euros que son fondos importantes, y además sientan un principio que puede ayudar al sostenimiento de las cuentas públicas, que falta hace porque se está gastando 30.000 millones de euros todos los años en desempleo desde que comenzó la crisis", sentenció.